Nicaragua, el país donde los presos políticos rechazan la amnistía que les devolvería la libertad

La gran paradoja que se vive en Nicaragua es que quienes piden la liberación de unos 600 presos políticos se oponen rotundamente a una ley de amnistía, y quienes no tienen presos son los que la promueven, subrepticiamente por ahora.

La pista para entender esta aparente contradicción se encuentran en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis de Nicaragua, donde reiteradamente se ha acusado a la violenta represión de “la Policía Nacional y grupos parapoliciales” que “aumentaría el número total de muertos registrados desde el comienzo de las protestas, el 18 de abril de 2018”. Por otro lado, la misma CIDH ha condenado “la detención arbitraria de de manifestantes y líderes sociales”.
O sea, es muy probable que quienes están presos sean inocentes y que los culpables estén libres, según los datos de la CIDH.

“Yo no estoy de acuerdo para nada con una amnistía”, dice categórica Verónica Chávez, esposa del periodista Miguel Mora quien este lunes cumple 150 días en prisión. “Mi esposo no ha cometido delito alguno. Si amnistía es perdón, no tienen nada que perdonarle. Fue apresado injustamente por el derecho a informar. Ellos estaban haciendo su trabajo. Que no les agradara el tipo de noticia eso es otra cosa”.

La noche del 21 de diciembre de 2018, Miguel Mora, director del canal de televisión Cien por Ciento Noticias fue capturado junto a Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal, en un operativo, según palabras de Chávez, “digno de un gran narco como el Chapo Guzmán”.

Mora, Chávez y Pineda Ubau estaban en una reunión de final de jornada en la pequeña televisora cuando por los monitores vieron llegar al edificio camionetas llenas de civiles encapuchados que asaltaron el edificio con escaleras al techo. Atrás de ellos venían unas diez patrullas con policías que ingresaron violentamente al lugar. Esposaron y tiraron al piso a los tres y se los llevaron presos. A las tres horas liberaron a Verónica Chávez. Miguel Mora y Lucia Pineda Ubau fueron pasados a los juzgados acusados de “incitación al odio” y “terrorismo”.

Las acusaciones son ridículas, dice Chávez. “¿Qué dicen las declaraciones de los acusadores? Que Miguel en sus programas sacaba muchas mentiras, que eso hizo que la gente se llenara de odio y se matara entre sí. ‘Yo siento’, dicen, ‘que Miguel Mora es el culpable de que mataran a mi hijo porque mucho veneno y mentiras decía'”.

Junto a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau hay unos 600 nicaragüenses más capturados en circunstancias similares.

Alex Hernández fue apresado la madrugada del 23 de septiembre de 2018 por paramilitares y policías. El primero de marzo pasado lo liberaron, a pesar que el tribunal que lo juzgó lo declaró “no culpable” desde el 30 de octubre. Él es uno de los cuatro raros casos en que acusados por el régimen han sido encontrados inocentes. Ahora está en el exilio.

Hernández está convencido que la amnistía es el gran propósito del régimen de Daniel Ortega en las negociaciones con la oposición, aunque no lo haya dicho directamente. “Al final lo que buscan es protegerse ellos y sus paramilitares“, dice en conversación por chat con Infobae. “Estoy seguro que por lograr la amnistía son capaces de dar todo, hasta las elecciones adelantadas”.

La amnistía sería una de las promesas del régimen a sus simpatizantes y policías cuando les ordenó acabar con las protestas a sangre y fuego, según se deduce de una conversación que habría tenido el comisionado de Policía Ramón Avellán en julio del 2018 con Danilo Martínez, funcionario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, cuando este le pidió al jefe policial que detuviera los asesinatos, capturas y agresiones a jóvenes en Masaya.

Yo tengo órdenes de limpiar Masaya, a cualquier costo, no se preocupen que después viene la reconciliación y eso le corresponde al comandante y a los políticos‘”, habría respondido Avellán, célebre por la crueldad de sus métodos de represión, según relató el promotor de derechos humanos al diario La Prensa poco después.

Recientemente la palabra “amnistía” salió finalmente de boca de un alto cargo de Estado. El magistrado judicial Francisco Rosales, miembro del equipo negociador del régimen, dijo en una entrevista a un medio afín al gobierno que la amnistía podía ser “la solución jurídica” a la demanda de liberación de los presos políticos en Nicaragua.

La abogada Yonarqui Martínez García es funcionaria de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y defiende a más de 70 presos políticos. Para ella, la salida jurídica al caso de los presos políticos es que “el poder judicial reconozca los errores garrafales que han cometido al procesar a inocentes“. Dice no estar de acuerdo con la amnistía. “La amnistía es un perdón al culpable. A alguien que ha cometido el delito. Las personas a la cuales represento son inocentes. No le podés perdonar a alguien algo que no ha cometido. Todos los presos políticos que represento rechazan la amnistía y tenemos que respetar eso”.

Para la abogada la amnistía “solo le interesa a las personas del gobierno porque, aunque andan libres saben que cometieron delitos de lesa humanidad. Le interesa a las personas que torturaron, asesinaron y que continúan haciendo daños. Ellos son los interesados. Una amnistía sería jugar con el dolor de las madres de los asesinados”.

La otra cara de la moneda es, precisamente, los familiares de los asesinados, 325 según la CIDH, 198 según el gobierno y hasta casi 600 según otros organismos de derechos humanos.

Francys Valdivia es abogada y presidenta de la Asociación Madres de Abril. Su hermano, Franco Valdivia fue asesinado por pistoleros el 20 de abril en la norteña ciudad de Estelí mientras protestaba pacíficamente contra las reformas al seguro social.

“Estamos muy claras que ellos (gobierno) pueden crear una y mil leyes a su favor, sin embargo nosotras no las reconoceremos. Usaremos la vía internacional para logar justicia y cuando asuma otro gobierno abriremos la vía nacional para esclarecer los asesinatos de nuestros familiares“, asegura.

El régimen de Daniel Ortega tiene los votos necesarios para aprobar una ley de amnistía en la Asamblea Nacional, sin necesidad de establecer consenso con la oposición. Sin embargo, según algunos analistas, la pretensión de Ortega es que la petición de amnistía nazca desde los familiares de los presos políticos para aparecer como “perdona-vidas” y al mismo tiempo garantizar impunidad a los suyos que cometieron crímenes.

“Rechazamos ese juego. Ni los presos ni los familiares de presos estamos dispuestos a aceptar amnistía a cambio de su libertad de todos los inocentes“, dice Valdivia.

José Pallais, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica, reconoce que el gobierno nunca ha hecho una propuesta formal en la mesa de diálogo que mantiene con la oposición. “Formalmente no la han propuesto, pero están las declaraciones del magistrado Rosales, y la han mencionado en las conversaciones de los pasillos, como tanteando qué pensamos del tema. Nosotros siempre hemos dicho que la rechazamos. Una amnistía sería igual a impunidad“.

La propuesta de la Alianza Cívica, dice Pallais, es “justicia transicional“. El gobierno la ha rechazado. Justicia transicional son procesos jurídicos políticos que se aplican en países que han vivido etapas trágicas. Comprenden el establecimiento de la verdad, el juzgamiento y la reparación de los daños a las víctimas.

Pallais ve una oportunidad histórica. “Esta es la oportunidad de cortar ese ciclo nefasto que se repite en la historia de Nicaragua, cuando se abusa, se cometen crímenes, atenidos a que después vendrá una ley de amnistía que les limpiará las culpas”.

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