Los jubilados y esa pasividad del Poder Judicial

Existen más de 100.000 sentencias previsionales firmes e incumplidas ante la pasividad de los tribunales competentes. En un país en serio sería una tragedia, en la Argentina se la ignora y estériles resultan los esfuerzos para que el Poder Judicial abandone su estado contemplativo y exija el cumplimiento de obligaciones latentes emanadas de su accionar, pues cada sentencia dictada origina derechos individuales que no deben convertirse en virtuales. Si el Poder Judicial, para sostener sus fallos, no utiliza el respaldo de los elementos de coacción que legítimamente detenta, su actividad se limitará a producir sentencias, convirtiéndolo en un organismo etéreo, renuente a utilizar el potencial que posee para cumplir acabadamente sus mandatos.

Supongamos y recalco es un supuesto, que en uso de facultades que le son propias se citara al titular de la ANSeS a comparecer en forma personal con la prevención que en caso de desobediencia serán remitidas las actuaciones a la Justicia penal y también supongamos que no resultan satisfactorias sus explicaciones y se opta por la alternativa de unificar las sentencias incumplidas, ordenar el embargo de los fondos y ejecutarlas en conjunto. No escapa al firmante la gravedad de estas supuestas alternativas, pero recordemos que “el accionar conjunto” fue la técnica de los “holdouts” y funcionó, pues uno de los primeros actos del gobierno fue producir un endeudamiento por U$S 16.000.000.000 para negociar el pago. Al cambio actual, 46 pesos por cada dólar equivale a: $ 736.000.000.000. Si al gobierno no le tembló el pulso para satisfacer una cuestionada deuda externa que se canceló y voló al extranjero, no debería vacilar en habilitar la mitad del equivalente en pesos constituyendo un fondo para cumplir obligaciones con acreedores probadamente legítimos, como los jubilados con sentencia firme dictada por tribunales competentes de nuestro país, pues la inmediata reinversión del retroactivo de carácter alimentario en el mercado local resulta segura y reactivará la maltrecha economía casera, además de restaurar la deteriorada relación gobierno-clase pasiva.

Realizar este supuesto, producirá reactivación económica y reconciliará al Estado con el correcto cumplimiento de obligaciones que le son propias.

Ricardo Forgione

 rpm@forgione.com.ar

Voces, reclamos y esperas de jubilados

La señora Susana Beatriz Celano fue docente en la provincia de Buenos Aires durante su juventud. En el año 1991 se radicó en España, más precisamente en Barcelona. En el año 2003, hace 16 años, solicitó al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires por medio de la Seguridad Social Española, la certificación de esos años de trabajo en virtud del Convenio que rige entre ambos países. Hasta el año 2017, y hasta el momento de escribir esta carta, nunca el IPS respondió a su solicitud. Como estaba llegando la edad de su jubilación, a pedido de ella, sus familiares nos interesamos en el tema y pudimos ubicar el expediente archivado en una oficina en La Plata, sin motivo aparente.

Toda la documentación aportada era correcta, y a partir de ahí comenzó una nueva etapa que a casi dos años aún no está resuelta por motivos ajenos al solicitante. Mientras tanto, la mujer desocupada no puede tener jubilación en España porque IPS no envía la documentación. Para el tango, 20 años no es nada; para ella, 16 de espera sin resultados.

Evaristo Oroña Marcote

evaoromar@hotmail.com

Ciertamente, los jubilados y la tercera edad no somos muy respetados ni tenidos en cuenta por los gobiernos argentinos, ni a nivel retribución jubilatoria ni en atención sanitaria, ni en previsión de medicamentos ni en su alimentación. El Gobierno porteño tampoco es ajeno a este descuido social. A pesar que en el organigrama de distintas áreas del Gobierno, que son muchas, figura tercera edad en forma destacada, mencionando talleres recreativos, expresión corporal, teatro, arte, etc, etc., este Gobierno cuenta con talleres propios para brindarlos. Estas actividades se brindan en espacios abiertos, o sea en plazas de la Ciudad, lo que no es siempre posible por las inclemencias del tiempo, lluvia, frío, calor, humedad o en espacios que brinda PAMI, que tampoco son ideales, ya que se realizan en clubes sociales, en centros de jubilados, no siempre con las comodidades necesarias, espacios acordes a las actividades.

Me pregunto si el área que maneja el millonario presupuesto de la Ciudad, ocupada en obras fabulosas y muy necesarias para los porteños, de muchos millones de dólares, no se podría distraer algún presupuesto para ir corrigiendo esta falencia. hay muchos jubilados, personas de la tercera edad que veríamos con beneplácito esta obra para recreación, distensión y distracción de los mayores.

Lidia Miravet

limir@fibertel.com.ar

Soy diabético, existiendo una ley exclusiva nacional para protegernos, exigiendo a todo ente de salud, obras sociales, prepagas, etc, a brindar al diabético la insulina recetada por el médico más todos los insumos que requiera para su problemática. Existiendo esta ley, el PAMI me rechaza y me cambia la insulina, y me rechaza la orden de la insulina no ajustándose a lo que reza la ley del diabético, con malos tratos recibidos, quedando como abandono de persona tratándose de la integridad física de un adulto mayor. Ya se me acabó la insulina que hace 20 años que la uso. Exijo la inmediata solución, ypido a todas las autoridades del país declarar la emergencia sanitaria para los afiliados del PAMI, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Francisco Toledo

clodotoledo@gmail.com

Hace 15 años gané en primera y segunda instancia un juicio a mi empleador, quien no efectuó los aportes correspondientes. El Juzgado Laboral N° 47 no informó, como establece la ley, lo ocurrido a la AFIP. Recién al momento de iniciar la jubilación tomé conocimiento de esto, ya que en la ANSeS no figura que trabajé para aquel empleador, a pesar de tener las sentencias judiciales a la vista. Adujo que ello era competencia de la AFIP. ¿Desconocen acaso que prima la impulsión de oficio en el procedimiento administrativo?

Hice la denuncia a la AFIP, que inició una investigación, literalmente, vergonzosa ya que ni siquiera leyeron el expediente judicial. Además, para qué gastar recursos públicos en investigar lo que la Justicia ya había dictaminado. Apelé lo ocurrido, pero la instancia de alzada cubrió el grosero “error” de su antecesora. Denuncié este proceder y desde hace más de 2 años aún espero su resolución. Esta carta fue publicada en esta misma sección el 8 de enero de 2018. Creí vanamente que alguno de los organismos aludidos atendería finalmente mi justo reclamo. No fue así.

Concluyo esta carta igual que entonces: el tan ansiado “ cambio” sigue sin llegar. Los funcionarios siguen siendo irresponsables, las empresas siguen evadiendo libremente y la Justicia sigue sin encontrar la venda que perdió. Agrego ahora que todos ellos son indolentes.

María C. Iglesias

cristinaiglesias@yahoo.com.ar

Soy jubilado de 87 años y aún conservo la esperanza que algún día me pagarán lo que me corresponde. Pero a pesar de todo me tomo el atrevimiento de sugerirle al Presidente que nos adelante a todos los jubilados de la ANSeS el aguinaldo o sueldo anual complementario el lunes 3 de junio. Creo que sería muy bueno para todos y que además no dudo que mejoraría su posibilidades electorales.

Es obvio que dicho adelanto no afectaría ni al Fondo de Sustentabilidad ni a las reservas del país, habida cuenta que al final del mes tendríamos un balance de suma cero.

Oscar Paterno

oscarpaterno@yahoo.com.ar

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