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El Consejo Permanente de la OEA convocó para el próximo martes a una sesión extraordinaria en la que analizará la situación en Nicaragua, país sometido al proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana tras la crisis desatada por las protestas contra el régimen de Daniel Ortega.
Según un comunicado difundido este sábado en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), la reunión fue convocada a petición de la misión permanente de Canadá, que preside el Grupo de Trabajo sobre el país centroamericano.
El Consejo Permanente emprendió el pasado 11 de enero un proceso de “apreciación colectiva” de los acontecimientos en Nicaragua como parte de la aplicación de la Carta Democrática, que puede derivar, de fracasar las gestiones diplomáticas y los buenos oficios para normalizar la situación en ese país, en su suspensión del organismo.
Para ello, el Consejo Permanente deberá convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en el que se determine si se ha producido la ruptura del orden democrático de un Estado y se defina su posible suspensión.
Para aprobar la suspensión, son necesarios 24 votos, es decir, dos tercios de los 34 miembros activos del organismo.
El pasado jueves, Eddy Antonio Montes Praslín, de 57 años y de nacionalidad estadounidense, quien había sido reportado como desaparecido en octubre pasado y luego apareció en prisión, falleció de un disparo durante un motín en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, donde permanecía recluido.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó que el hombre murió tras un amotinamiento protagonizado por un grupo de presos políticos, que terminó en un enfrentamiento entre reos y policías.
Pero los “presos políticos” negaron la información oficial y afirmaron que en medio de la discusión los guardias comenzaron a disparar con fusiles de guerra AK-47, de fabricación rusa.
Según esa versión, Montes Praslín fue herido en la espalda cuando intentaba ingresar a su celda con el resto del grupo.
Estos presos políticos son personas que fueron detenidas por participar en protestas contra el presidente Ortega desde el estallido social del 18 de abril de 2018.
Nicaragua enfrenta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado.
Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199.