El frente judicial de Cristina es más complicado que el de Menem en el 2003

Luego de declarar que no le interesaba volver a ser legisladora porque los fueros los da el pueblo y no un cargo a principios de 2016, Cristina Kirchner se presentó como candidata a senadora en el 2017 lo que le permitió, hasta ahora, eludir las prisiones preventivas que dictó la Justicia, incluso una que la Corte dejó firme en la causa del encubrimiento de Irán en el atentado de la AMIA. Su situación judicial es tan compleja que está procesada en once causas judiciales de las cuales cinco fueron ya enviadas a juicio oral y público, un récord que ni siquiera tuvo el ex presidente Carlos Menem cuando fue candidato a presidente en el 2003.

No es casual que el ahora precandidato presidencial Alberto Fernández haya advertido, el miércoles, con tono amenazante que “algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. Se trata de los jueces que más complicaron judicialmente a la senadora de Unidad Ciudadana quien ya le había adelantado su decisión. No fue furcio. Fernández es abogado y en esa condición, hasta ahora, defiende al empresario K Cristóbal López.

Julian Ercolini es el juez que la procesó y mandó a juicio oral en la causa del direccionamiento de la obra pública a favor del grupo empresario de Lázaro Báez. Se trata de unos 3.300 millones de dólares en obras que algunos casos no fueron terminadas y en la mayoría se entregaron en forma cartelizada y con sobreprecios, según los peritajes que citó Ercolini en un fallo de 800 páginas de diciembre de 2016. Este era el expediente que la mayoría de la Corte quiso frenar, luego de un supuesto “alegato de oreja” de Fernández a uno de sus miembros. Por el detallado procesamiento, como supuesta jefa de una asociación ilícita, Cristina se sentará el martes por primera vez en el banquillo de los acusados frente al tribunal oral federal 2 (TOF 2) y junto a sus ex funcionarios como Julio De Vido y José López, entre otros.

Claudio Bonadio la procesó en la causa del pacto con Irán, en la inmobiliaria Los Sauces, en el caso del dólar futuro y en la causa que más la preocupa a Cristina Kirchner: los cuadernos de las coimas. Por esta razón es el juez al que más veces recusó sin éxito y descalificó con todo tipo de improperios, aunque nunca buscó rebatir en público las pruebas reunidas. En esta causa están reunidos, además de los recorridos del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, las confesiones de ex funcionarios K como José López y Claudio Uberti y su ex contador Víctor Manzanares. Y por eso Cristina intenta descalificarla como la causa de las “fotocopias” siempre que puede.

Otro de los descalificados por Alberto Fernández fue el camarista Martín Irurzun quien le dio forma a la “doctrina” de las prisiones preventivas de ex funcionarios. Así este camarista sostuvo que los ex funcionarios libres podría destruir pruebas o presionar testigos en base a sus relaciones de poder y dinero. A su vez, el miembro de la Cámara de Casación Juan Carlos Geminiani fue quien impulsó la declaración de la inconstitucionalidad del pacto con Irán, luego de un feroz intento K de desarmar el mismo tribunal y Gustavo Hornos –otro juez de Casación- fue uno de los rechazó decenas de recursos de Cristina para frenar la causa Vialidad y otras que construyeron un complicado frente judicial. La amenaza del ahora candidato presidencial fue duramente rechazada por la Asociación de Magistrados y el constituiconalista Daniel Sabsay le reclamó que se disculpara públicamente con esos jueces.

De todos modos, hasta fin de año o principios del año que viene no habrá ninguna sentencia condenatoria o exculpatoria en estas causas por el ritmo propio de los juicios orales y el derecho a defensa de los acusados. Pero con el precedente del ex presidente Carlos Menem tardó 13 años en llegar a juicio oral en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y todavía hoy no hay una sentencia firme. Por eso en Comodoro Py se esperan más presiones, recusaciones y zancadas K.

Hasta que terminen los juicios no se puede saber si Cristina es culpable o inocente. Pero se la acusa de delitos graves como asociación ilícita, lavado de dinero, encubrimiento y administración fraudulenta agravada. En el caso hipotético de que fuera encontrada culpable por alguno de estos delitos, la condena sería de más de 3 años y debería cumplir prisión efectiva, a menos que en ese futuro siga teniendo algún tipo de fueros. Por ese eventual futuro judicial, en fuentes de tribunales se vinculó la jugada de Cristina de poner de vice de Alberto Fernández con una especulación: el artículo 99 inciso 5 de la Constitución Nacional dispone como atribuciones del Presidente, la de conceder el indulto, pero “no contempla el autoindulto”.

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