El falso relato que condenó a Rodríguez Lastra

Llegó a la guardia embarazada y al borde de la muerte. Tenía 39 grados de fiebre y una infección generalizada por un intento fallido de aborto. Así fue como en 2017, el médico Leandro Rodríguez Lastra recibió a la joven en el Hospital Moguillansky de Cipolletti. El ginecólogo le salvó la vida pero hoy pelea contra una sentencia injusta, consecuencia de un relato muy distinto de los hechos.

El problema había comenzado con las nueve pastillas de Oxaprost, una dosis excesiva, que el colectivo feminista La Revuelta le había suministrado a la joven ilegalmente. Pero a pesar de eso, no tenía sangrado vaginal, contracciones de parto ni el cuello uterino dilatado. No se estaba produciendo un aborto y el niño seguía vivo.

Fue entonces cuando Rodríguez Lastra, jefe del servicio de Ginecología, decidió estabilizar a la paciente para no complicar el cuadro y administrar antibióticos. Ya fuera de riesgo, el equipo de profesionales, la Dirección del Hospital y el Ministerio de Salud de Río Negro analizaron la situación. Lo mejor para la madre y el niño era continuar el embarazo hasta la semana 35. La joven de 19 años aceptó y unas semanas después el niño nació sano. Fue adoptado y hoy tiene dos años.

El relato y la manipulación de Milesi

No fue la joven sino Marta Milesi, diputada provincial e histórica militante abortista, quien generó el relato de que el ginecólogo “se negó” a realizar un aborto y quien lo denunció por incumplimiento de deberes de funcionario público.

No había tal proceso de aborto. Si lo hubiera habido, tampoco se habrían seguido las prescripciones del Protocolo de Aborto No Punible. Es el reglamento provincial, impulsado por la misma diputada en 2012, el que establece que el aborto debe ser realizado por un médico diplomado y no de manera clandestina. Además, estaba fuera del plazo que establece la medicina para hacer abortos. Y sobre todo, hacerlo con un cuadro infeccioso ponía en riesgo grave la vida de la madre. El argumento ni siquiera se pudo fundamentar debidamente durante el juicio. Pero Milesi logró construirlo e instalarlo.

A su vez, fuentes cercanas a la causa aseguran que la diputada habría manipulado a la joven para que testifique en contra del ginecólogo a cambio de una vivienda vinculada a fondos públicos. Esto explicaría por qué el testimonio de la víctima fue tan confuso e incongruente. En su declaración, dudó, fue monosilábica y aseguró que el médico le mintió pero no precisó en qué. Mientras que su familia, donde ocurrió el abuso sexual de la muchacha, mantuvo un discurso más militante en la causa, con frases muy características del lobby abortista.

Esto deja claro que no hubo interés genuino en la joven, sólo ensañamiento contra el médico que le salvó la vida. No se actúo contra quienes siguen siendo una amenaza, cometieron delitos y causaron la tragedia: El violador sigue impune y sin denuncia; también la organización feminista que puso en riesgo la vida de la joven y el personal estatal que promovió la práctica clandestina.

Es natural que la diputada protagonice este entramado en el cual se promueve y financia el aborto. Hace más de 10 años trabajó junto a Fundación Huésped y Católicas por el Derecho a Decidir en proyectos provinciales contra el derecho a la vida. De hecho esta última ONG y Amnistía Internacional se presentaron como colaboradoras del Tribunal en la causa bajo la figura jurídica de amicus curiae. Es de público conocimiento que estas tres organizaciones recibieron millones de dólares de la multinacional del aborto IPPF, que busca instalar su negocio en la región.

Entre los actores más importantes para construir el delito inexistente de impedir un aborto, estuvieron la psicóloga y la asistente social del Hospital Fernández de Oro. Como aseguraron en la causa, fueron ellas quienes contactaron a la joven con La Revuelta para conseguir ilegalmente misoprostol.

Otro papel destacado fue el de Gustavo Breglia. Un médico traumatólogo especialista de manos, autor del informe de la fiscalía, que nunca realizó abortos y aseguraba consecuencias inofensivas para una intervención mayor a las 22 semanas.

Como si fuera poco, la acusación de Milesi fue encauzada por el fiscal Santiago Márquez-Gauna, tristemente conocido como juez de garantías por desestimar la denuncia contra un padre que castigó con puñetazos, patadas y estrangulamiento a sus hijos menores de edad.

Médicamente, no había un aborto en curso y tampoco se podía hacer en ese momento por el proceso infeccioso. Durante el juicio un perito, el médico Ernesto Beruti, confirmó que, de haberlo hecho, las probabilidades de muerte por shock séptico serían del 70 al 80%.

Además el caso quedaba fuera de lo que se considera aborto ya que excedía las 22 semanas y los 500 gramos. Es el límite a partir del cual la Organización Mundial de la Salud descarta todo procedimiento porque el bebé ya puede sobrevivir fuera del vientre materno.

Para interrumpir el embarazo en ese momento -con o sin aborto- las opciones eran inducir el parto o hacer una cesárea. Hacerlo de manera instantánea y prematura, como se hizo en los casos en que fallecieron Esperanza (Jujuy) y Faustina (Tucumán), era riesgoso para el niño y especialmente, para la mujer. En esa etapa el cuello del útero no está en condiciones para un parto y las contracciones que causa el Oxaprost podrían provocar un estallido uterino. Una cesárea, también en el segundo trimestre, es muchísimo más riesgosa que una intervención de término. Por el grosor del útero y su cercanía con arterias de gran envergadura, el riesgo de hemorragias incontrolables es un hecho conocido en la práctica y literatura médica.

Pero con una decisión así, la madre no sería la única afectada. Por su edad gestacional, el niño podría sufrir graves secuelas: desde parálisis cerebral hasta muerte prematura, dado que no sería capaz respirar por su cuenta, regular la temperatura ni defenderse de las enfermedades.

Todo esto no sólo fue evaluado por Rodríguez Lastra, el equipo de profesionales y la Dirección del hospital. También fue ratificado por el Ministerio de Salud de Río Negro: no era posible realizar un aborto en esa situación.

La condena que amenaza la vida y la libertad de todos

Después de la denuncia, todos los ginecólogos y obstetras de Cipolletti, salvo uno que se jubiló hace unas semanas, se declararon objetores de conciencia. Los profesionales de la salud tienen miedo. El abortismo está infectando el sistema judicial e impone a la fuerza sus veredictos, a costa de la vida y la libertad de las personas.

Con esta sentencia, no sólo se promueve el aborto clandestino, dejando impunes a quienes lo causan y a quienes lo practican. También se somete a la medicina a intereses políticos y económicos. Pero no podemos dejar que la ideología tome el lugar de la ciencia en el consultorio. Y mucho menos en el sistema de salud.

El caso de Rodríguez Lastra pone en evidencia que estos grupos de poder no sólo están dispuestos a perseguir a los que quieran ejercer con dignidad la Medicina. Tampoco les temblará el pulso para manipular y poner en riesgo la vida de los más vulnerables.

La autora es abogada y periodista. Vocera de Frente Joven, organización integrante de Unidad Provida.

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