Un general venezolano está siendo juzgado en un tribunal civil pese a que la Constitución del país lo prohíbe

Uno de los más aberrantes hechos que han ocurrido en Venezuela, en la administración de justicia, es enviar a tribunales militares por delitos políticos a cientos de civiles, violentando el derecho a ser juzgados por sus jueces naturales. Eso se hizo praxis común desde que la ex Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, considerada traidora por la revolución, dijo el 31 de marzo de 2017 que había una ruptura del orden constitucional.

Los tribunales militares se atiborraron de causas con imputados civiles. De nada valió que la Constitución Bolivariana de Venezuela señale en su artículo 49 que “toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley“.

Una vez que Ortega Díaz debió huir del país y la Asamblea Nacional Constituyente impuso a Tarek William Saab, la mayoría de los nuevos casos políticos de civiles fueron a tribunales civiles.

Pero hay un hecho insólito. Es el de Héctor Armando Hernández Dacosta, quien aún cuando es oficial activo de la Fuerza Armada, con el rango de general de brigada de la Guardia Nacional, quizá el oficial más destacado de ese componente militar, fue enviado a un tribunal civil, al Tribunal 20 de Control a cargo de la jueza Carol Bealexis Padilla Reyes de Arretureta.

La Guardia Nacional ha sido el componente más afectado por las decisiones tomadas en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Por una parte, es profundamente odiada por la sociedad civil, especialmente por la manera como enfrentó las protestas de los años 2014 y 2017. Imágenes dantescas recorrieron el mundo cuando funcionarios violaban los derechos humanos de manifestantes. Eso vino a sumarse a la ya deteriorada imagen de una institución señalada de cobros indebidos en muchas de las alcabalas del país.

Pero también es la institución que tiene mayor cantidad de detenidos por razones de conspiración. Un número importante de funcionarios de la GNB fue detenido porque estaría involucrado en una operación que pretendía impedir las elecciones de mayo de 2018. También los detenidos por el atentado con drones el 4 de agosto de 2018, así como el grupo de sargentos que se levantaron en enero de 2019 en el sector Cotiza en Caracas. Y la mayoría de los militares que escenificaron los sucesos del 30 de abril en las inmediaciones de la Base aérea La Carlota, es de la Guardia Nacional.

Es decir, se convierte en un componente de cuidado para el gobierno de Maduro, por lo que tiene sentido que también un general como Hernández Da Costa, con liderazgo y ascendencia en la GNB y en la Fuerza Armada en general, sea un peligro para el poder establecido.

Sobre él no hay ni siquiera sospechas de que sea un funcionario corrupto o con riquezas ni modo de vida no justificado. Su paso por el comando de fronteras de San Antonio del Táchira fue la prueba de fuego; casi ningún oficial sale ileso del corazón de la frontera más viva de América Latina. Él lo hizo.

En esa época libraba una lucha contra los paramilitares en la frontera, quienes le amenazaron a la familia. Luego de detener a 32 paramilitares de las Águilas Negras, su hermano, el May (GNB) Delio Hernández Da Costa, fue asesinado en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2009.

El negocio del contrabando siempre ha enriquecido a altos oficiales, que desde Caracas no veían con buenos ojos que el joven oficial estuviera golpeando a la industria del contrabando. No es casual que un mes después fuese sustituido en el cargo.

El alto oficial, quien había estado convaleciente de varias operaciones por problemas gastrointestinales, hoy tiene 10 meses detenido, luego de que en horas de la noche llegara una comisión a su apartamento, sin orden de allanamiento, amenazando con tumbar la puerta y supuestos funcionarios encapuchados se lo llevaron.

Por su condición de general y, tal como reza el artículo 266 de la Constitución, debía ser sometido a Antejuicio de Mérito, previa aprobación del Tribunal Supremo: “3. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente o Vicepresidenta de la República, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador, Fiscal, del Contralor General de la República, del Defensor del Pueblo, los Gobernadores, oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República…”.

Pero no solo que fue detenido arbitrariamente y no le hicieron antejuicio de mérito, sino que lo enviaron a un tribunal civil. En base a un acta policial plagada de adjetivos, pero sin ninguna prueba, es señalado de estar involucrado en el caso de los drones, aún cuando nada tenía que ver con el acto en cuestión.

Hernández Da Costa fue el mejor de su promoción, además ocupó cargos de comando. Ha sido formador de varias generaciones de oficiales en la Escuela de Oficiales, razón por la cual tiene bastante aceptación en la FANB, posee solvencia moral y un liderazgo que ha servido de referencia en la institución castrense.

Sobresale entre muchos oficiales. Tiene estudios de cuarta generación, es escritor de libros que en la actualidad son usados para el estudio de fiscales, jueces, funcionarios de organismos del Estados y estudiantes de Derecho.

Y ese destacado profesional militar permanece detenido en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sin que se le respete el debido proceso, sin recibir la atención médica que necesita y sin la mínima consideración que debe recibir como general de la República.

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