La revolución pacífica de 1989 y cómo los disidentes lograron frenar la destrucción total de los archivos de la Stasi

Sr. Mielke, ¿Dónde está mi legajo? Escrita con aerosol sobre una caja de electricidad en las adyacencias de la sede central del Ministerio de Seguridad del Estado (Stasi) en Berlín, la pregunta dirigida al jefe de ese organismo (Erich Mielke) condensa en su potencia interpeladora otra de las caras de la revolución de 1989: la de una revolución que derribó el muro del secreto detrás del cual la dictadura comunista escondía la “vida (usurpada) de los otros”.

El 4 de diciembre de 1989, alertados por las columnas de humo provenientes de los edificios de la Stasi, organizaciones de disidentes de la ciudad de Erfurt ocuparon las instalaciones y detuvieron la quema de los archivos. En los días siguientes acciones similares se extendieron por toda la República Democrática Alemana. El 15 de enero un centenar de personas tomó el complejo de edificios ubicado en el barrio de Berlín-Lichtenberg, sede del cuartel general del servicio de seguridad, logrando así frenar la destrucción de documentos, tarea a la que los funcionarios se empeñaron con celo burocrático desde el momento en que se hizo evidente el fin próximo de la dictadura del Partido de Unidad Socialista (SED).

Estos episodios constituyen uno de los triunfos más importantes de los movimientos de ciudadanos que tuvieron un rol decisivo en el derrumbe del régimen comunista. La decisión de tomar el control de las instalaciones del Ministerio de Seguridad, la cara más temida y odiada del régimen comunista, permitió preservar las pruebas físicas que documentaban la estructura y funcionamiento de un inmenso e insidioso sistema de vigilancia y represión. La campaña de los disidentes para retener el control de los archivos de la Stasi desempeñó un papel fundamental en la transición al poscomunismo ya que colocó el trabajo de “asimilar el pasado” (Vergangenheitsaufarbeitung) en un mismo plano que el debate sobre la reunificación. Ello se hizo poniendo el foco en el derecho a la verdad y el imperativo de justicia. La creación de una jurisdicción especial para los archivos de la Stasi hizo posible que las víctimas pudieran acceder a sus legajos personales de forma rápida y sencilla. Por su parte, los registros sobre el accionar del régimen facilitaron la “lustración” y depuración de funcionarios sobre los cuales pesaban acusaciones de haber participado en actos ilegales. Asimismo, al arrancar el velo de secreto y misterio que había rodeado a los servicios de seguridad, el control ciudadano de los archivos estimuló las investigaciones periodísticas y académicas sobre la dictadura.

¿Qué hacer con los archivos de la dictadura?

En diciembre de 1989 los comités cívicos decidieron tomar el control de todas las oficinas del Ministerio de Seguridad del Estado con el objetivo de desmantelar la institución—a pesar de la caída del Muro, la Stasi seguía en pie—y resguardar sus archivos. La iniciativa estaba en concordancia con las propuestas presentadas por los movimientos de disidentes que participaron en las negociaciones de la Mesa Redonda con el gobierno de Hans Modrow. Allí se acordó, entre otras cosas, la creación de un memorial y centro de investigación sobre la dictadura comunista, y la conservación de los archivos de la seguridad estatal a fin de resguardar el libre acceso a la información y el procesamiento de funcionarios involucrados en la represión. Sin embargo, el desorden y confusión que siguieron a la súbita apertura de la frontera en Berlín demoraron varias semanas la ocupación de las oficinas centrales de la Stasi, dando a sus empleados tiempo suficiente para destruir una importante cantidad de documentos físicos. Al día de hoy hay todavía más de 15.000 bolsas de correo con documentos triturados a la espera de ser reconstituidos. En un intento desesperado por deshacerse de pruebas comprometedoras, el 26 de febrero de 1990, pocos días antes de la realización de las primeras y únicas elecciones democráticas de la RDA (18 de marzo), el Consejo de Ministros resolvió destruir los archivos electrónicos de la seguridad estatal, material que al parecer se ha perdido por completo.

Los funcionarios comunistas no eran los únicos preocupados por las consecuencias de las acciones emprendidas por los movimientos de ciudadanos. En ambas Alemanias había quienes advertían que el acceso público a datos confidenciales desataría una “caza de brujas” que agudizaría las divisiones y dificultaría la integración de ambas sociedades. Invocando el derecho a la privacidad de las víctimas, otros alertaban contra el peligro de exponerlas al escrutinio público, sometiéndolas a una nueva violación de su intimidad. Tampoco faltaron los que temían que documentos sensibles terminasen en manos de servicios de espionaje extranjeros, como de hecho ocurrió (en los días que siguieron a la ocupación de las oficinas de la Stasi, la CIA logró adquirir una cantidad indeterminada de documentos). Estas reservas quedaron reflejadas en una resolución adoptada en mayo de 1990 por el nuevo gobierno de la RDA, dominado por la Unión Cristiano Demócrata (CDU), la cual establecía una demora de 110 años para la desclasificación de los archivos de la Stasi.

La Volkskammer, sin embargo, era de otro parecer. A fines de agosto el nuevo parlamento de la RDA votó una ley que ratificaba las medidas propuestas por los comités cívicos y designó a uno de sus miembros, el pastor protestante y activista del Foro Nuevo de Rostock, Joachim Gauck, responsable de la custodia de los archivos. Pese a ello los gobiernos CDU de Bonn (Kohl) y Berlín (De Mazière) se mantuvieron intransigentes. El anteproyecto del Tratado de Unidad estipulaba que los documentos de la Stasi serían transferidos al Archivo Federal (Bundesarchiv) en Coblenza. Esto significaba una demora de 30 años para la consulta de documentos públicos y 75 años para los que contenían información que afectaba el derecho a la privacidad (según lo establece la Ley Federal de Archivos de 1969).

La reacción no se hizo esperar y a principios de septiembre los comités cívicos volvieron a ocupar las oficinas de la Stasi y realizaron una huelga de hambre para exigir el cumplimiento de la ley votada por la Volkskammer. La nueva ola de movilizaciones logró su objetivo. El 18 de septiembre se agregó al Tratado de Unidad una cláusula en la cual se encargaba al futuro parlamento de la Alemania reunificada la redacción de una ley basada en la que había sido votada por la Volkskammer. Tras la reunificación, el 3 de octubre de 1990 Gauck fue designado Comisionado Especial—luego Federal—para los Archivos de los Servicios de Seguridad de la ex-RDA (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik). Tras finalizar su mandato en 2010 Gauck fue reemplazado por los activistas ecologistas Marianne Birthler (2000-2010) y Roland Jahn (2010-2019). Los objetivos y funcionamiento del nuevo organismo quedaron definidos formalmente por una ley sancionada por el nuevo parlamento el 20 de diciembre de 1991, conocida como Ley de Archivos de la Stasi (Stasi-Unterlagen Gesetz).

La ley establecía que pasados los 30 años de la caída del Muro de Berlín el Comisionado Federal finalizaría sus funciones y los documentos bajo su custodia serían transferidos al Archivo Federal. Ese plazo se cumple el 9 de noviembre del corriente año 2019. ¿Qué balance puede hacerse?

El Comisionado Federal debía cumplir tres objetivos: (1) garantizar la libertad de información facilitando a los damnificados el acceso a los documentos; (2) resguardar el derecho a la privacidad de las víctimas; (3) promover la investigación sobre la dictadura comunista. Pese a las demandas de “dar vuelta la página” y “dejar el pasado atrás”, el organismo dirigido por Gauck gozó del respaldo político y popular suficiente para llevar adelante su misión. Los tres objetivos permitieron asumir el pasado de la dictadura poniendo el foco en el derecho a la verdad. En el caso particular de las víctimas, se trataba de saber hasta dónde había llegado la Stasi en su obsesión panóptica por inmiscuirse en la “vida de los otros”. Las/os damnificadas/os podían acceder a los documentos que contuvieran información sobre su persona e incluso conocer la identidad de funcionarios e informantes de la Stasi. Esta oportunidad no fue desaprovechada: hasta 2015 el Comisionado Federal había recibido unos siete millones de solicitudes para la consulta de legajos personales.

Los archivos también tuvieron un rol importante en la reestructuración de la administración local en los cinco estados de la ex-RDA. Las bases de datos facilitaron el trabajo de los organismos encargados de examinar los antecedentes de los funcionarios públicos—las Comisiones de Evaluación (Überprüfungskommissionen)—a fin de separar de sus cargos aquellos cuyo pasado o perfil se consideraron incompatibles con los valores democrático-liberales de la Alemania reunificada. Este aspecto siempre había estado presente en las demandas de los comités cívicos. Para los activistas, “asumir el pasado” con un sentido político significaba el derecho de examinar a todos funcionarios públicos, incluyendo los cargos electivos, para saber si habían trabajado para el Ministerio de Seguridad del Estado, ya fuese como empleados permanentes o informantes.

En las dos décadas posteriores a la sanción de la ley de archivos, el Comisionado Federal recibió 1,7 millones de solicitudes de verificación de antecedentes. Una parte de la información suministrada fue utilizada por las Comisiones de Evaluación y los tribunales para dictar la cesantía de 40.000 funcionarios y procesar a otros 17.000. Además de conflictivo, este proceso se reveló difícil de llevar a cabo dado su carácter descentralizado, la imposibilidad de licenciamientos masivos y la poca predisposición del gobierno federal a involucrarse en estos asuntos escabrosos (las Comisiones de Evaluación estuvieron integradas exclusivamente por ciudadanos de la ex-RDA).

Gauck defendió esta política—popularmente conocida como “Gaucken”—señalando que “si luego de más de cincuenta y cinco años de dictadura nazi y comunista, los ciudadanos iban a depositar su confianza en los funcionarios electos del nuevo sistema democrático, era importante que esos funcionarios fueran confiables”. La intención, advertía, no era remover de sus cargos a todos los ex-comunistas sino “responder a la demanda mínima del pueblo germano-oriental de que las personas que hubiesen conspirado con el régimen sin el conocimiento de sus conciudadanos fuesen consideradas incapacitadas para ocupar cargos públicos”.

En un nivel más general, el derecho a saber apuntaba a derribar el muro de secreto que había hecho de los organismos de seguridad un poder omnipresente e inescrutable. Lo que revelaron los archivos superó algunas de las estimaciones más fantasiosas. A fines de la década de 1980, la “espada y el escudo del SED”, como gustaban autoproclamarse los altos dirigentes de la Stasi, empleaba unos 90.000 funcionarios de planta, entre operativos (espionaje), investigación, control postal, intervención de telefónica y las áreas no afectadas a tareas de inteligencia. A éstos se agregaba un número que oscila, según las distintas fuentes, entre 170.000 y 190.000 “informantes”. Si se toma como base sólo los funcionarios de planta, y teniendo en cuenta que la población de la RDA era de algo más de 16 millones, la cifra arriba indicada equivale a un funcionario cada 180 habitantes. Si se agregan los “informantes”, la proporción se eleva a 1 cada 60. Siguiendo con este ejercicio matemático, si ahora computamos a las personas que mantenían contactos ocasionales con los servicios de seguridad, la relación es de 1 cada 6,5; y si de la población total excluimos a los menores y ancianos, el resultado es 1 colaborador/a de la Stasi cada 2,5 adultos activos. La comparación con organismos de seguridad de otras dictaduras da una idea más concreta del carácter excepcional de la RDA como sociedad vigilada: en el caso de la Gestapo, la cifra es de un 1 funcionario cada 2000 personas; en el de la KGB estalinista, 1 cada 600.

En un sentido, la reunificación de 1990 representó una derrota para las expectativas de la minoría activa de disidentes que aspiraban a una reforma democrática del Estado socialista. La debacle económica y la bancarrota ideológica del SED enterraron esa opción y allanaron el camino para lo que, a todos los fines prácticos, fuera una anexión legitimada por el voto popular. Sin embargo, la velocidad y profundidad de los cambios ocurridos en un período tan corto de tiempo, y el lugar privilegiado que la caída del Muro de Berlín se ganó como símbolo de lo que Vaclav Havel llamó el “poder de los sin poder”, hicieron perder de vista uno de los logros más importantes de quienes impulsaron el proyecto de democratizar el socialismo realmente existente: la revolución concebida como reapropiación del saber alojado en los archivos, un acto de empoderamiento fundado en el derecho irrenunciable a conocer el pasado.

*Andrés H. Reggiani es Profesor Investigador del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella

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